Lima, 10 jun (PL) Un grupo de exmilitares fueron condenados a prisión como responsables de la matanza, en 1990, de 12 campesinos y la desaparición de otros cuatro, y serán juzgados por otros crímenes, informó hoy el Poder Judicial de Perú.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema señaló que acciones de ese tipo correspondieron a un patrón de represión contra civiles inocentes, de las operaciones contra los grupos armados.
Ratificó en tal sentido las sentencias previas dictadas por la masacre perpetrada en la provincia de Antabamba, de la región surandina de Apurímac, en abril de 1990, en los últimos meses del gobierno socialdemócrata de Alan García.
Los uniformados pertenecían a una base contrainsurgente y fueron declarados culpables de los delitos de lesiones con muerte, homicidio calificado y desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, por ser graves violaciones de los derechos humanos, según el fallo.
La mayor pena, de 17 años de cárcel, fue aplicada a Alan Olivari Medina, jefe de la patrulla que cometió la masacre de pobladores inermes, en operaciones realizadas del 19 al 30 de abril de ese año, en las comunidades de la citada provincia.
El jefe de la base de Antabamba, Jaime Pando Navarrete, fue condenado a 15 años, mientras Mario Cruz, Beltrán Tapia y José Pérez Quispe fueron sentenciados a diez años y Felipe Montañez, a ocho años.
Los militares torturaron y asesinaron a Jesús Jauja, Julio Huamaní, José Huamaní, Julio Apfata, Eustaquio Apfata, Juan Huisa, Zenón Huisa, Marco Huisa, Gregorio Alférez, Marcos Torres, Víctor Huachaca y Balvino Huamaní.
También secuestraron, torturaron e hicieron desaparecer a Quintín Alférez, Telésforo Alférez, Gregorio Huisa y Dámaso Charccahuana.
La Sala Penal dispuso que los sentenciados sean además juzgados por la desaparición del campesino Máximo Huamanga Huachaca y por la violación sexual en agravio de dos mujeres.
La sentencia precisa que la masacre no fue un acto aislado o realizado por desequilibrados, sino producto de una patrón de conducta militar durante el llamado conflicto interno, contra grupos armados.
Esa línea de acción, prosigue, consistió en «intervenir con acciones desproporcionadas a los pobladores de lugares lejanos, bajo la sospecha de terroristas o colaboradores con ellos, y someterlos a privaciones de libertad, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales».
Tales términos desmienten argumentos recientemente invocados por elementos derechistas, civiles y exmilitares, en el sentido que solo hubo excesos aislados de militares y policías.
Exmilitares condenados por matanza de hace 28 años en Perú
